Cuando tu voto te hace esclavo.

A mi modo de ver y entender -iletrado, ingenuo y confuso- la Democracia no es un mal sistema de gobierno para un país (el menos malo de los sistemas conocidos según Churchill, creo recordar).

Montesquieu (menos conocido como Charles Louis de Secondat, Señor de la Brède y Barón de Montesquieu) en su obra de 1748 “Del Espíritu de las Leyes” articuló la teoría de la Separación de Poderes, que se pretende garantizar mediante un sistema de “checks and balances” (controles y contrapesos) proveniente al parecer, del constitucionalismo Anglosajón.

ley

Pero ¿qué ocurre cuando tal Separación de Poderes no es efectiva?

El poder que se concede al Parlamento Nacional permite que, si se cuenta con una mayoría suficiente, se dicten Leyes que pongan en entredicho tal separación, ya sea mediante el nombramiento de los Órganos de control Judicial o con el secuestro puro y duro de las competencias que les son propias y que impiden el ejercicio efectivo de sus funciones, lo que nos lleva al siguiente punto: ¿Cómo se nombran los miembros de los Altos Tribunales en España?

Veamos primero el Tribunal Supremo. Los Jueces y Magistrados del tribunal Supremo son nombrados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

¿Y quién nombra a los Miembros del CGPJ? Hay que destacar que el CGPJ está compuesto por 1 Presidente y 20 Vocales. Al Presidente lo nombran los Vocales y éstos lo son de la siguiente manera: 10 por el Senado y 10 por el Congreso (en ambos casos, por mayoría de 3/5).

Y ahora alguien podría pensar: “Bueno, siempre nos queda el Tribunal Constitucional”… y es cierto.

Los Miembros del Tribunal Constitucional son nombrados del siguiente modo: 4 el Senado y 4 el Congreso (en ambos casos, por mayoría de 3/5), 2 el Gobierno y otros 2 el CGPJ.

JusticiaYRazonComo se puede comprobar, la INDEPENDENCIA del Poder Judicial y, por lo tanto, la Separación de Poderes del Estado está absolutamente garantizada por el criterio de 3/5 de las Cámaras del Congreso y del Senado.

Continuemos, si os parece.

Teniendo en cuenta que los Poderes del Estado son tres (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) y sabiendo que el Poder Ejecutivo (Gobierno) emana de la mayoría alcanzada en las Cortes (Legislativo) y que entre ambos nombran a los Miembros que componen los Altos Tribunales y al Consejo General del Poder Judicial, parece que la Separación de Poderes en España adolece de algún tipo de raquitismo por determinar, y que dejo en manos de quien sepa más que yo del tema.

Otro día, tal vez hablemos sobre el acceso a la Justicia en España y las Tasas Judiciales.

justicia-cabreada001Así las cosas, resulta que cuando el ciudadano va a votar, está decidiendo al mismo tiempo quién dictará las Leyes, quién las Aplicará y quién sancionará (en su caso) su incumplimiento, en un acto de prestidigitación de tres-en-uno que ya le gustaría tener -tan amarrado y firme- a la Iglesia Católica para sus Dogmas y Misterios.

En fin, que en ésta madeja de Poderes yo no creo que haya “gato encerrado”… sino que es el gato quien nos tiene encerrados a nosotros.

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Dios en los tribunales.

Cuando tras el desayuno uno se asoma a la prensa digital, se expone a sobresaltos que te pueden dejar el cuerpo resentido durante buena parte de la mañana y exactamente eso es lo que me ha sucedido hoy.

Publican en Andalucesdiario.es la siguiente noticia:

Una juez obliga a un menor a hacer la primera comunión en contra de su voluntad.

Resumiendo, el caso es que D.J.O. de 8 años de edad deberá acudir a clases de Catequesis preparatoria para la “Primera Comunión” por Orden Judicial, según ha resuelto en un auto la titular del Juzgado de Primera Instancia número 26 de Sevilla.

Hijo de padres separados que estuvieron casados por la Iglesia Católica (matrimonio que fue posteriormente anulado por el Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica de España), el menor que declara “no creer en Dios” deberá ceder a los deseos del padre que detenta la Patria Potestad.

disomio-400pxA pesar de que el Tribunal Constitucional ha declarado en varias sentencias que “los menores también son titulares del derecho a la libertad religiosa” tal y como reconocen diversos organismos internacionales y la Convención de Derechos del Niño, la Jueza ha considerado que “la Fe no hace daño“.

Es posible que la Fe no haga daño dependiendo de a quién, cuándo y dónde (ejemplos hay de que la Fe de algunos ha masacrado en el nombre de Dios en el pasado y en el presente) pero no entiendo las prisas en que un niño haga la Primera Comunión si realmente no le interesa participar en ese rito mágico de transubstanciación de carne en pan y de sangre en vino, teniendo en cuenta que no hay “edad de caducidad” para participar en el rito de la Primera Comunión.

Dejando a un lado mis reservas personales acerca de la veracidad de los diversos mitos religiosos que la humanidad arrastra desde su más tierna infancia emocional, me causa asombro que la Justicia Laica, en un Estado que en su Constitución (Art. 16.3) se declara aconfesional, deba entrar a dirimir y aún menos obligar la asistencia o no a unas clases de preparación y adoctrinamiento en una organización que vulnera los principios democráticos y que no sólo es declaradamente homófoba, sino sexista.

papa_francisco-400pxAlgún resquicio para la esperanza otorga la sensatez aparente que viene aportando el nuevo Papa Católico que, desde el Vaticano, parece intentar aportar cordura a ciertos planteamientos de inspiración medieval que los sectores más conservadores pretenden perpetuar a pesar del paso de los siglos.

Entretanto, lo cierto es que escudados tras la obra social que dicen practicar (recordemos que la Iglesia Católica sólo aporta a Cáritas el 2% del dinero que reciben del Estado, unos 5 millones de Euros… es decir, 1€ por cada persona atendida en 2012 por Cáritas), hemos de tener en cuenta que tampoco la asignación tributaria es el único ingreso que la Iglesia Católica recibe del Estado: los conciertos educativos, la compensación por asistencia sanitaria, la conservación del patrimonio, los salarios de los profesores de religión o los beneficios fiscales también salen de las arcas públicas y rondan los 11.000 millones de euros anuales.

Pero estamos en un país en el que los Ministros otorgan Medallas al Mérito Policial a las Vírgenes y les piden con unción que solucionen el problema del paro o la salud, sin preocuparse de que el Cabildo Catedralicio de Córdoba se apropie de la Plaza de la Fuensanta en Febrero de 1987, la Diócesis de Córdoba inscriba como de su Propiedad la Plaza del Triunfo de San Rafael en Abril del 2011, o el 2 de Marzo de 2006 la mismísima Mezquita-Catedral con un coste de 30 euros.

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Todo ello viene (y por favor, no se rasguen las vestiduras) permitido por la Reforma de la Ley Hipotecaria de 1998 bajo el Gobierno de D. José María Alfredo Aznar López, y ha afectado a un total de 4.500 propiedades que la Iglesia pudo registrar sin más requisito que una certificación del Obispal y sin obligación de hacer público por edicto la inscripción ni pagar el Impuesto de Transmisión Patrimonial. Una evidencia más de la “igualdad” de derechos y deberes que acogen las actividades de los ciudadanos españoles y la Iglesia Católica Romana y Apostólica en éste país.

A Dios rogando y con el mazo dando“… y así nos van las cosas.