Según publica el diario Público.es, en el primer semestre del presente año más de 26.500 familias fueron desahuciadas en nuestro país, contrastando éste dato con los del año anterior, en el que los afectados por desahucios durante el mismo periodo fueron 35.000.
Una sencilla operación matemática, nos indica que durante el año 2014 y en sus primeros seis meses, diariamente 147 familias se vieron privadas de su hogar.
147 familias diarias… resulta obsceno leerlo y consuela poco pensar que durante 2013 fueron 194 las familias que diariamente fueron desahuciadas.
Cierto es que dichas familias incumplieron (al parecer) sus obligaciones de pago con respecto al Banco, Caja o prestamista de turno. No es menos cierto que buena parte del problema lo tiene la sobre-tasación que dichas entidades certificaron como fieles al mercado y aceptaron como válidas a la hora de conceder esas hipotecas, protegidas por la práctica imposibilidad que existe en este país de ejercer el derecho a la «dación en pago», lo que implica que si en España contratas una hipoteca, no hipotecas tu vivienda sino tu vida.
Más allá de las consideraciones económicas, el drama social que subyace es abrumador y lo es más cuando pensamos que debido a la evolución del mercado de la vivienda en España, esas casas embargadas en la mayoría de los casos permanecen y permanecerán vacías durante mucho tiempo. Y así tenemos gente sin casa, y casas sin gente.
Pero amigos, no hemos de temer: la Constitución Española vela por nuestro derecho a la vivienda digna, tal y como reza el artículo 47 de la misma.
Habida cuenta la laxa aplicación de la norma, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en su sentencia del 14 de Marzo de 2013, señalaba la incompatibilidad de la Ley Española con el Derecho de la Unión Europea relativo a la protección de los consumidores… pero nada efectivo se ha hecho desde el Gobierno para corregir el desequilibrio imperante. Tímidas reformas han tratado de maquillar éste drama social, con unas exigencias tan restrictivas que las nuevas normas (Ley 1/2013 de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos) resultan en la práctica, inoperantes. 
Señores del Gobierno: tened en cuenta que si siguen quitándonos derechos, acabaran quitándonos el miedo y perdiendo el poco respeto que aún conservan.
critico-ingenuo 
Poco, muy poco respeto les queda. Y que den gracias, a que el pueblo, los que les votamos, los desprotegidos, a los que nos quitan las casas, los empleos, los sueldos, la salud y todas las ayudas, tenemos más, mucho más, sentido del respeto, del honor, de justicia, de solidaridad, de humanidad, en una palabra, para con ellos, que ellos para con nosotros. Quizás, hasta demasiado.
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